Grupos de feriantes nucleados por la UTEP se acercaron a la sede de la Subsecretaría de Inspección General tras que se le impida a uno de los trabajadores del sector continuar con su labor en un puesto ubicado en la Plaza Colón.
A la vez que a nivel nacional intentan conseguir una ley de regulación a su trabajo en lugares públicos, un grupo de feriantes y trabajadores de la economía popular nucleados por la UTEP de Mar del Plata se movilizaron hacia el frente del establecimiento de la Subsecretaria de Inspección General este miércoles reclamando por un conflicto puntual en el que se le impidió el trabajo a un puesto que normalmente se instala en la Plaza Colón.
La medida comenzó después de las 9 de la mañana, cuando la sede municipal ubicada en Belgrano al 3400 se vio atravesada por un corte de tránsito, sujetos con redoblantes y hasta artefactos pirotécnicos.
En este marco, la movilización estuvo liderada por la rama de trabajadoras y trabajadores de espacios públicos pertenecientes a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, conocida por sus siglas UTEP, donde se lucha por los derechos de los feriantes, fruteros, artistas callejeros, choripaneros y food trucks.
La justificación de su protesta se basó en una situación vivida por uno de los integrantes del equipo, al cual le impidieron continuar con el trabajo que habitualmente desempeña en la Plaza Colon vendiendo golosinas y panchos.
Por su parte, uno de los integrantes del movimiento identificado como Rodrigo, aseguró que el puesto contaba con una autorización municipal pero que de todas maneras se acercaron a él para inhabilitar su tarea y obligarlo a que abandone su lugar de trabajo.
Desde ese momento, la organización comenzó a hacer planes de protesta para, en conjunto, acercarse a la sede de Inspección General y conseguir respuestas de parte de las autoridades correspondientes.
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En noviembre la UTEP había presentado un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación, el cual fue compartido con la firma del legislador Leonardo Grosso, que tenía el objetivo principal de regularizar las actividades llevadas a cabo por el grupo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular en espacios públicos. De esta manera, los vendedores ambulantes, ciudacoches y feriantes, al igual que fruteros y gastronómicos, conseguirían una medida que les aporte legalidad, equidad y condiciones dignas de trabajo.
Este proyecto deberá ser tratado por el Congreso al que fue enviado, donde se estable como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y comprende los sectores de las ferias de economía popular, el arte callejero y a los y las cuidacoches, además del comercio ambulante.
