Su desaparición ocurrió el 15 de noviembre de 2017, y por el cual 44 tripulantes perdieron la vida al hundirse. Hoy, el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez es el que lleva adelante la investigación por lo sucedido.
La hipótesis principal es que el hundimiento fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino. En lo que hace al hecho en sí, están procesados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado el marino Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Villamide, Héctor Alonso y Hugo Correa.
En lo que hace al ex presidente Macri y demás ex funcionarios de su Gobierno, el reclamo de los familiares es que ellos debían estar al tanto del estado de funcionamiento del buque a raíz de una falta presupuestaria y el riesgo que implicaba en que navegara como lo hizo. Otro punto a investigar es el supuesto ocultamiento de toda esa información posterior al accidente a los familiares de las víctimas.
Un capítulo aparte es también definir si Macri estaba al tanto u ordenó tareas de espionaje sobre familiares de víctimas del hundido submarino. El juez federal de Dolores, Martín Bava, lo había procesado al ex presidente, pero a mitad de este año la Cámara Federal porteña dio marcha atrás con esa medida.
